Entre las posibilidades que existen para conseguir la nacionalidad española, como la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza, o por opción, encontramos los diversos procedimientos de arraigo.

El arraigo, es un concepto que reconoce la conexión de una persona con una comunidad o territorio en particular. En términos jurídicos, el arraigo requiere que el solicitante pueda demostrar haber residido legal y continuamente en España durante un período de tiempo establecido, lo cual le facilita a la obtención de la nacionalidad española.

Estos procesos representan una gran oportunidad para aquellos que desean establecer lazos sólidos con España.

Tipos de arraigo y requisitos

En nuestro país existen tres tipos de arraigos, el laboral, el familiar, y el social, cono requisitos y beneficios específicos.

Arraigo laboral

El arraigo laboral es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que se puede conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen irregularmente en España y hayan tenido relaciones laborales durante un mínimo de seis meses

De esta forma, este tipo de arraigo se basa en la residencia legal y el empleo continuado en España.

Para solicitar este permiso, existen 5 requisitos. En primer lugar, el solicitante no ha de ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, ni ser familiar de ciudadanos de estos países que estén sujetos al régimen de ciudadano de la Unión.

Además, debe carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores de residencia durante los últimos 5 años, por delitos contemplados en la legislación española. De igual forma, es necesario no tener prohibida la entrada en España ni figurar como rechazable en países con los que España tenga acuerdos al respecto.

A su vez, el interesado no debe estar sujeto al compromiso de no retorno a España asumido al regresar voluntariamente a su país de origen.

Finalmente, se requiere haber residido de forma continua en España por un mínimo de dos años, entendiendo que la ausencia no debe superar los 90 días en los últimos dos años.

Arraigo familiar

El arraigo familiar, por otro lado, se fundamenta en la residencia legal y la existencia de lazos familiares con ciudadanos españoles o residentes legales en España.

Las personas elegibles para solicitar esta autorización deben cumplir con ciertas circunstancias especiales. Entre los posibles beneficiarios se encuentran los padres, madres o tutores de un menor español, los cónyuges o parejas de hecho de ciudadanos españoles, los ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años a cargo, los descendientes menores de 21 años o mayores de 21 años a cargo, y los hijos de padres que originalmente fueron españoles.

Los requisitos en este caso no difieren de los mencionados para el arraigo laboral, con la única excepción de que se ha de encontrar en una de las situaciones personales mencionadas previamente.

Arraigo social

Finalmente, el arraigo social se basa en la residencia legal y la integración comunitaria en España.

Este permiso se puede conceder a aquellos ciudadanos extranjeros que se hallen en España durante un periodo mínimo de 3 años (sin que las ausencias durante este período superen los 120 días), y estén integrados socialmente.

Los solicitantes deben demostrar su arraigo mediante pruebas de su participación en la vida social, cultural y económica del país. Esto puede incluir la participación en organizaciones locales, la asistencia regular a actividades comunitarias y la integración en el mercado laboral español.

Como podemos ver, los procedimientos de arraigo ofrecen una valiosa oportunidad para aquellos que aspiran a obtener la nacionalidad española. El proceso para solicitar el arraigo varía según el tipo de arraigo y las circunstancias individuales del solicitante. Para su efectiva consecución, es fundamental seguir cuidadosamente los pasos establecidos por la legislación española, sobre todo la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y proporcionar la documentación requerida de manera completa y precisa.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento relacionado con la obtención del arraigo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería en Murcia: PMS abogados.

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En España, el sistema judicial se organiza en una jerarquía normativa donde las normas se sitúan en diferentes niveles de importancia. En la cúspide se encuentra la Constitución Española de 1978, seguida de los tratados internacionales ratificados por España, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos y otras disposiciones de menor rango. Esta estructura garantiza la seguridad jurídica y el respeto al estado de derecho en nuestro país.

Así, en el ámbito de la extranjería, la Constitución como Carta Magna garantiza los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la protección judicial efectiva.

A continuación te citamos las leyes que regulan la situación de extranjería en España para que tengas una idea más pormenorizada a nivel legal.

LEGISLACIÓN NACIONAL

A nivel nacional, las leyes y normativas específicas regulan la situación de los extranjeros que residen en España y los procedimientos para regular su situación administrativa.

La principal Ley relativa a los extranjeros, es la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta ley, como su título indica, tiene como objetivo garantizar los derechos y libertades de los extranjeros, así como promover su integración en la sociedad española.

Además, el desarrollo de esta lo encontramos en el Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Este reglamento establece las disposiciones concretas para la aplicación de esta ley, detallando los procedimientos administrativos y los derechos y obligaciones de los extranjeros.

Otra normativa relevante en el ámbito de la extranjería es la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta ley complementó y reformó la Ley Orgánica previamente mencionada, ampliando los derechos de los extranjeros y estableciendo medidas para su integración social. Entre las modificaciones importantes; amplió los supuestos de expulsión, y creó un nuevo régimen de autorizaciones de residencia de larga duración.

Por último, es relevante mencionar la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta ley tiene como objetivo facilitar la entrada y residencia en España de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que realicen actividades de interés económico, social, científico o tecnológico.

NORMATIVA EXTRATERRITORIAL

Además de la normativa nacional, España también debe cumplir con las normativas y directivas comunitarias en materia de extranjería establecidas por la Unión Europea. La Directiva 2004/38/CE, conocida como la Directiva de Ciudadanos de la Unión, es uno de los textos clave en este ámbito.

Esta directiva tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares en el territorio de la Unión, así como los procedimientos para obtener la residencia permanente y la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Otra normativa relevante a nivel europeo es el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). Este reglamento regula el cruce de personas por las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y establece los controles de entrada y salida del territorio Schengen. El territorio Schengen abarca todos los países de la UE, excepto Chipre e Irlanda, e incluye Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Por otro lado, en el contexto de la crisis de refugiados y migrantes, España también está sujeta a normativas internacionales, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que establecen los derechos y obligaciones de los Estados en materia de protección internacional de refugiados.

En conclusión, el marco jurídico de la extranjería en España es amplio y complejo, abarcando desde la Constitución y las leyes nacionales hasta las normativas europeas e internacionales. El objetivo de esta legislación es garantizar los derechos y libertades de los extranjeros que residen en España, promoviendo su integración social, así como regular los procedimientos administrativos relacionados con la entrada, residencia y permanencia en el país.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento relacionado con cualquier trámite de extranjería, desde la solicitud de visados hasta la obtención de la residencia permanente, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería en Murcia PMS abogados.

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El certificado de registro afecta a aquellos ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza que deseen residir en España por más de tres meses.

Los sujetos que han de inscribirse en el Registro Central de Extranjeros son los ciudadanos de: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

La normativa básica que rige este proceso incluye la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, el Real Decreto 240/2007 y la Orden PRE/1490/2012. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

Requisitos de residencia

De esta forma, los ciudadanos de la UE o de otros estados asociados (los países previamente mencionados), pueden residir legalmente en España por más de tres meses si cumplen con ciertos requisitos.

Estos incluyen ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener recursos suficientes para no depender de la asistencia social española y contar con un seguro de enfermedad.

Además, en caso de no trabajar, pero estudiar, los estudiantes deben acreditar otra serie de requisitos, como estar matriculado en un centro educativo reconocido y tener seguro de enfermedad.

De igual forma, aquellos que acompañen a un ciudadano de la UE pueden residir si son familiares directos y dependientes económicamente del ciudadano. Dicha dependencia debe darse en el país de origen, y debe justificarse en España.

Documentación requerida

Al momento de presentar la solicitud, se requiere que el solicitante presente una serie de documentos.

• En primer lugar, se ha de cumplimentar y firmar el impreso de solicitud del modelo oficial (EX-18) por duplicado. Además, se ha de presentar el pasaporte, o un documento nacional de identidad válido y en vigor.
• Además de estos documentos generales, existe otra documentación que varía según la situación del solicitante. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena deben proporcionar una declaración de contratación del empleador o un contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo.
• Los trabajadores por cuenta propia han de aportar, bien la inscripción en el censo de actividades económicas, bien justificación de su establecimiento mediante la inscripción en el registro mercantil, o bien un documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social.
• Los estudiantes deben mostrar su matrícula en un centro educativo reconocido y presentar una declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.
• Además, generalmente, los solicitantes deben presentar documentación que demuestre disponer de recursos suficientes y seguro de enfermedad.

Como en todos los procedimientos, es importante mencionar que los documentos extranjeros, han de ser traducidos al castellano, o a la lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.

Procedimiento de solicitud y expedición del certificado

El proceso de solicitud debe realizarse personalmente y presentarse en la Oficina de Extranjería de la provincia donde se pretende residir o en la Comisaría de Policía correspondiente.

El plazo de presentación es de tres meses desde la fecha de entrada en España; y se ha de abonar la tasa correspondiente para poder conseguir el certificado de registro.

Una vez abonada dicha tasa, y tras verificar que se cumplen los requisitos, se expedirá el certificado de registro de manera inmediata; documento que contiene información clave como el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el número de identidad de extranjero del solicitante.

En conclusión, el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea en España es esencial para aquellos ciudadanos de la UE o de otros estados del espacio económico europeo, que deseen residir en territorio español por más de tres meses, pues acredita la legalidad de su estancia. Cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación necesaria garantiza un proceso efectivo para poder disfrutar de los beneficios de la residencia legal en España.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para inscribirte en el registro de ciudadano de la UE, o solicitar un permiso de residencia, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados expertos en trámites de extranjería en Murcia PMS abogados.

Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir. Puedes contactar con nosotros en el correo info@pmsabogados.com

En el contexto de la inmigración en España, uno de los procedimientos fundamentales es la tramitación de los permisos de residencia.

Dentro de las autorizaciones de residencia encontramos diversos casos como:

• Permiso de residencia de larga duración.
• Permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, o propia.
• Permiso de residencia temporal no lucrativa.
• Permiso de residencia de familiar de comunitario, etc.

Estate atento a este artículo, en PMSAbogados te contamos cómo hacerlo.

Para poder cumplimentar este proceso de forma efectiva, la administración pública exige la liquidación de una tasa, denominada “tasa 052”, para formalizar los permisos de residencia mencionadas anteriormente.

El órgano responsable de este procedimiento es el Ministerio del Interior a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. La normativa que rige este proceso se encuentra en la sede electrónica de la administración, donde se especifican los pasos a seguir para realizar el pago y envío de la liquidación de la tasa.

El procedimiento para tramitar la residencia puede realizarse de dos formas:

1- Pago y envío de la liquidación de la tasa a través de Internet:

Para llevar a cabo este procedimiento de manera efectiva, el interesado deberá seguir un conjunto de pasos.

• En primer lugar, deberá acceder al Formulario 790 de Pago y Registro Electrónico Tasa 052, específico para la tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a ciudadanos extranjeros.
• A continuación, deberá seleccionar la provincia en la que desea presentar la tasa. Luego, deberá realizar el Pago Telemático de la tasa, siguiendo los pasos necesarios en la pasarela de pagos de la AEAT y pulsando el botón “Realizar Pago” del formulario.
• Seguidamente deberá cumplimentar en su caso los datos pertinentes del formulario electrónico y pulsar el botón “Firmar y Enviar” para realizar el Registro Electrónico de la Tasa.
• Una vez realizado, deberá descargar e imprimir el justificante devuelto por el Registro Telemático.
• Finalmente, deberá realizar el resto de trámites asociados a la tasa, según lo estipulado por la administración pública.

2- Rellenar e imprimir el formulario de liquidación de la tasa:

Si el interesado prefiere realizar los trámites de forma presencial, y en papel, para completar este procedimiento de manera efectiva, el interesado deberá seguir otro conjunto de pasos:

• En primer lugar, deberá acceder al Formulario de la Tasa 052: “tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a ciudadanos extranjeros”.
• De igual forma, deberá seleccionar la provincia en la que se desea presentar la tasa. Luego, deberá obtener el documento PDF pulsando el botón “obtener Documento” del formulario e imprimir todas las páginas de este.
• A continuación, deberá pagar o adeudar en cuenta el importe correspondiente en una Entidad Financiera colaboradora, debiendo presentar los ejemplares del modelo 790 en la Entidad Financiera incluso en el caso de adeudo en cuenta.
• Finalmente, deberá presentar el documento personándose en la oficina correspondiente.

La propia página explica los requisitos técnicos específicos para cada uno de los casos. Para el proceso, dependiendo del servicio requerido, se necesitan diferentes herramientas.

Por un lado, para la cumplimentación e impresión, se necesita tener instalado un visor de PDF. Por otro lado, para el pago telemático, es imprescindible disponer del DNI Electrónico u otro Certificado Digital admitido, o acceso mediante Cl@ve.

Por último, debemos distinguir entre el procedimiento de la tasa 790, código 052, y la tasa 790, código 012.

A pesar de que ambas están relacionadas con trámites de extranjería, la primera, el código 052, como hemos explicado en este artículo, se aplica al procedimiento de autorización de residencia en varios trámites de extranjería.

Por otro lado, la tasa 790, código 012, se aplica únicamente al procedimiento de expedición de la tarjeta de residencia o TIE, que gestiona la Dirección General de la Policía.

En conclusión, este procedimiento es esencial para garantizar la correcta expedición del permiso de residencia y otra documentación a ciudadanos extranjeros. Al seguir los pasos detallados y cumplir con los requisitos técnicos específicos, se facilita el trámite tanto para los solicitantes como para las autoridades.

La disponibilidad de opciones tanto en línea como en papel brinda flexibilidad a los interesados en el proceso, mientras que la orientación proporcionada en la página web oficial ayuda a los usuarios a comprender y cumplir con los requisitos necesarios. En resumen, este procedimiento establece un marco claro y eficiente para la gestión de autorizaciones de residencia, contribuyendo así a una inmigración ordenada y legal en España.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para solicitar un permiso de residencia, pagando las tasas correspondientes, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería PMS abogados.

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Tal y como hemos analizado en anteriores publicaciones, la reagrupación familiar es un proceso que facilita la entrada de ciertos familiares de residentes extranjeros a España.

Este procedimiento requiere la cumplimentación de una serie de trámites donde se exige la presentación de los documentos específicos. En PMS Abogados, somos especielistas en reagrupación familiar y te los detallamos a continuación.

Documentación General

Para comenzar, el reagrupante ha de presentar un impreso de solicitud en modelo oficial (EX-02). Este documento ha de estar debidamente cumplimentado y firmado por el reagrupante.

Además, se necesitará una copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor del reagrupante.

Documentos Genéricos Relacionados con la situación del reagrupante

Para solicitar el reconocimiento de este derecho, el reagrupante ha de probar que cuenta con los recursos económicos suficientes para mantener a sus agrupados. Así, se exige que este acredite que desempeña una labor profesional por cuenta propia o ajena.

Si el solicitante realiza actividad lucrativa por cuenta ajena, se deberá presentar una copia del contrato de trabajo y las nóminas de los últimos seis meses, o la última declaración del IRPF. Por otro lado, en el caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia, se deberá acreditar la actividad que desarrolla y presentar la última declaración del IRPF o las dos últimas declaraciones trimestrales de IRPF.

Si el individuo no lleva a cabo ninguna actividad económica en España, también puede presentar cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito, siempre y cuando estén respaldados por una certificación bancaria que demuestre la cantidad disponible en la tarjeta o cuenta bancaria, garantizando así la solvencia económica.

Otro de los requisitos exigidos al reagrupante, es que este acredite tener una residencia o vivienda adecuada. Para ello, se deberá presentar un informe expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (o Corporación Local, si se ha establecido así), del lugar de residencia del reagrupante. Sin embargo, para la correcta cumplimentación de este requisito, cualquier medio de prueba admitido en Derecho es válido: contratos, escrituras de propiedad, certificados de habitabilidad, etc.

Por último, se requiere que el reagrupante presente documentación acreditativa de tener garantizada asistencia sanitaria.

Documentos específicos en relación con los reagrupados

De igual forma, en relación con los familiares que desean ser reagrupados, se ha de presentar una copia de su pasaporte completo y en vigor o de su título de viaje, así como documentación que acredite los vínculos familiares o de parentesco, o existencia de la unión de hecho o de la representación.

Para ello, debemos diferenciar los diferentes sujetos que pueden beneficiarse de la agrupación:

• En el caso de reagrupar al cónyuge o pareja, se deberá presentar una declaración jurada del reagrupante de no residir en España con otro cónyuge o pareja. Por otro lado, si el reagrupante está casado en segundas o posteriores nupcias, se deberá presentar una resolución judicial donde se establezca la situación del cónyuge anterior y de sus hijos.
• En el caso de reagrupar a ascendientes, se deberá presentar documentación acreditativa de que el reagrupante durante el último año de residencia en España le ha transferido fondos o soportados sus gastos, así como documentación acreditativa de las razones que justifican la necesidad de autorizar la residencia en España.
• Si los reagrupados son descendientes: si son reagrupados por un solo progenitor, deben presentar pruebas de que este ejerce la patria potestad en solitario o cuenta con la custodia legal. Los hijos mayores de dieciocho años y que no pueden mantenerse a sí mismos deben presentar documentación que acredite su dependencia. Además, en el caso de hijos adoptados, es necesario presentar la resolución oficial de la adopción.
• Por último, en el supuesto de que los reagrupados sean representados por el reagrupante; si estos son mayores de dieciocho años y no son objetivamente capaces para proveer sus propias necesidades, se ha de acreditar igualmente.

Finalmente, es importante recalcar que con carácter general solo es necesario aportar copias de los documentos originales, si bien estos deberán ser exhibidos en el momento de presentar la solicitud.

De igual forma, los documentos deben ser entregados en castellano o en la lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para solicitar la reagrupación de tus familiares, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería en Murcia: PMS abogados.

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La violencia de género se define según el Diccionario Panhispánico como “Violencia física o psicológica cometida contra una mujer que es o ha sido esposa del agresor o está o estuvo ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, que se comete como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”.

Profesionales especializados en casos de violencia de género en Murcia

Sobre esta base, cualquier acto de especial relevancia penal —realizado por un hombre—, dirigido directamente hacia una mujer con quien se guarda una especial relación de afectividad, entra en la categoría de “violencia de género”.

Así, las amenazas, la coerción, la manipulación, la violencia sexual, la violencia vicaria, e incluso los “crímenes de honor” se comprenden dentro de esta clase de delitos.

Desde PMS Abogados, contamos con profesionales especializados en los casos de violencia de género en Murcia y toda España, alcanzando altas tasas de satisfacción entre nuestros clientes ante sus casos, cualesquiera sean sus pretensiones.

Asesoramiento legal en casos de violencia de género en Murcia

La intervención del abogado a lo largo del proceso penal, se configura preceptiva, siendo siempre recomendable contar con un abogado especializado en procesos relacionados con la violencia de género en Murcia y en todo el territorio Nacional. Además, papel de los profesionales especializados, tanto abogado como procurador, cobra especial importancia en los litigios por violencia de género, pues se le reconoce a la víctima una especial protección debido a su situación, que debe ser apreciada por los profesionales, garantizando la estabilidad de los procedimientos y el correcto transcurso de los mismos.

Es por ello que, aunque los procesos por violencia de género en el ámbito penal guardan ciertas similitudes con los procesos abreviados y ordinarios genéricos, debido a la especificidad de su objeto, cuentan con características concretas.

Protección legal y asistencia durante el juicio por violencia de género en Murcia

En primer lugar, para asegurar la seguridad de la víctima previa al juicio, se establecen específicas medidas cautelares, o de protección, relacionadas con la restricción de acceso, la prohibición de contacto o cualquier otra disposición necesaria para prevenir situaciones de riesgo.

En esta fase, entre nuestras funciones encontramos, en primer lugar, el requerimiento y justificación de las medidas al juez, para que este sopese la cualificación del caso concreto.

Tras esta solicitud, se ha de llevar a cabo —en un plazo no superior a 72 horas—, la vista urgente, a la cual la parte actora ha de acudir junto a su abogado, quien será el encargado, junto al juez, de procurar que sus derechos sean respetados en todo momento.

Una vez completado este procedimiento, el juez ha de tomar una decisión a través de una orden, determinando qué medidas específicas, entre aquellas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son apropiadas para la situación de la víctima. Estas medidas se presentarán de manera explícita, detallando los requisitos, contenido y validez, y permanecerán en vigor hasta la celebración del juicio.

De igual forma, la responsabilidad de verificar que todos los requisitos se cumplan de manera legal recae en los abogados de la víctima.

Una vez iniciada la fase de juicio oral, la relevancia del abogado cobra superior importancia.

Éste será el responsable de brindar asesoramiento legal a la víctima sobre sus derechos y opciones disponibles en el contexto específico de la violencia de género.

Además, es el encargado de preparar estrategias sólidas de defensa, para poder presentar argumentos y pruebas de manera efectiva que respalden el caso de la víctima.

De esta forma; el abogado especializado en violencia de género es quien debe llevar a cabo la preparación de los testigos, y la víctima, para que estos proporcionen testimonios claros y coherentes durante el juicio. En la vista, deberá interrogar a la parte que defiende, al igual que a los testigos de la otra parte.

Igualmente, el abogado ha de recopilar y presentar pruebas relevantes que respalden la afirmación de violencia de género, como informes médicos, evidencia forense, mensajes de texto u otros documentos.

Finalmente, el abogado debe llevar a cabo las conclusiones definitivas, presentando un resumen claro y persuasivo de los argumentos y pruebas presentadas durante el juicio.

La habilidad para articular de manera efectiva estas conclusiones es fundamental para influir en la decisión del tribunal y obtener un resultado favorable para la víctima, pues buscan reforzar la posición de su cliente, y especificar las medidas que solicitan para garantizar la seguridad y la justicia para la víctima.

Por último, debemos recordar que estos casos entrañan una complejidad mayor por la situación psicológica de la víctima. De esta forma, contar con un abogado especializado en trámites de violencia de género en Murcia y España, que nos trasmita confianza es imprescindible. Desde PMS abogados conocemos estas situaciones, reconocemos la sensibilidad y gravedad de los casos, asegurándonos de proporcionar el apoyo emocional necesario a la víctima a lo largo de todo el proceso legal, y después del juicio, garantizando el cumplimiento de la ejecución de las medidas impuestas por el juez.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para asistir a un juicio por violencia de género, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en procesos de violencia de género en Murcia: PMS Abogados.

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Concepto y distinción entre sanción administrativa y delito de alcoholemia

Cuando en un control de alcoholemia policial la prueba realizada arroja un resultado positivo caben dos posibilidades:

1. Que debamos enfrentarnos a una sanción administrativa si no hay complicaciones adicionales o situaciones de desvalor añadidas, o, por el contrario,
2. Que debamos hacer frente a un proceso legal por delito de alcoholemia, siendo esta última una situación considerablemente más grave.

Con el fin de distinguir entre ambas consecuencias, la legislación fija ciertos límites en los niveles de alcohol en el aire o en la sangre. Dependiendo de si estos límites se exceden o no en la situación específica, se determinará si estamos ante un delito o no.

En líneas generales, estos límites se sitúan en 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 gramos por litro en aire espirado. No obstante, estos límites se reducen a 0,3 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro en aire espirado para conductores noveles o profesionales.

En este caso, y si se probase la reincidencia del conductor en delitos de alcoholemia durante el año anterior, (o si se hubiera superado el doble de la tasa establecida), estos valores resultarán en multas que oscilarán entre 500 y 1000 euros, acompañadas de la pérdida de 4 a 6 puntos del carnet.

Sin embargo, la situación se endurece cuando se sobrepasan gravemente estos umbrales. En ese caso, nos enfrentamos a un proceso legal por “delito por alcoholemia”, definido en el artículo 379.2 del Código Penal.

Este delito se entiende realizado cuando se conduce con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Las consecuencias legales de este delito incluyen una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses, o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de treinta y uno a noventa días.

Cuando se enfrenta a la necesidad de llevar un caso a juicio, es preceptivo contar con la asesoría de un abogado, siendo altamente recomendable que este posea especialización en procedimientos relacionados con alcoholemia.

Además, en todos los casos, implica la pérdida del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período superior a uno, que puede extenderse hasta cuatro años.

Proceso legal

Los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) detallan los delitos y las condiciones que deben cumplirse para que un acto punible sea procesado mediante esta vía especial. Esto incluye delitos que conllevan penas privativas de libertad de hasta cinco años o sanciones que no exceden los diez años. Este proceso penal especial se inicia mediante un atestado policial y se resuelve de manera ágil y sencilla.

En situaciones más graves, en las cuales la conducción temeraria cause mayores percances, el caso se llevaría a cabo a través del procedimiento judicial ordinario.

Papel del Abogado de alcoholemia en delitos

El proceso de juicio rápido se compone de dos fases distintas: la primera, denominada “fase de instrucción”, y la segunda, que abarca el propio juicio oral. Antes de poner en marcha la fase de instrucción, es imperativo realizar diligencias previas, las cuales incluyen la notificación al denunciado, o la citación de los involucrados.

En este tipo de delitos, tanto la primera fase como las diligencias previas —antesala del juicio oral—, cobran vital importancia, pues, los análisis médicos y toxicológicos por parte de expertos en la materia han de ser solicitados aquí, y las pruebas de alcoholemia realizadas con anterioridad (en el control policial, generalmente) deber ser presentadas ante el juez.

Así, el abogado de alcoholemia debe asesorar al acusado sobre sus derechos legales y proporcionarle información sobre el proceso judicial, explicándole las posibles consecuencias legales y las opciones disponibles para la defensa.

Examinar todas las pruebas presentadas por la fiscalía, incluidos los resultados de las pruebas de alcoholemia, para identificar posibles errores o inconsistencias.

En el caso de encontrar irregularidades que cuestionen la admisibilidad de las pruebas; está legitimado para impugnar la validez de estas.

Evaluar la legalidad de la detención (si se hubiera llevado a cabo), y la recopilación de pruebas por parte de las autoridades.

De igual forma, es el encargado de preparar la defensa; desarrollando estrategias basadas en la revisión de pruebas y en las circunstancias específicas del caso, e identificando posibles testigos y preparando interrogatorios.

Además, junto al procurador (representante del acusado); el abogado especializado en trámites de alcoholemia, negocia posibles acuerdos con la fiscalía, como reducciones de cargos o penas, en función de las circunstancias del caso y la disposición del acusado a cooperar.

Finalmente, en la fase de juicio oral, es el máximo encargado de defender al acusado en sus derechos y pretensiones; presentando argumentos legales sólidos y cuestionando la evidencia presentada por la fiscalía ante el juez que conduzca el caso.

Como podemos ver, el papel del abogado en un juicio por delito de alcoholemia es fundamental para asegurar que se respeten los derechos del acusado y para presentar una defensa efectiva.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para asistir a un juicio por delito de alcoholemia o conducción bajo los efectos del alcohol, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de alcoholemia en Murcia: PMS abogados.

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El Papel del Abogado Penalista

Se denomina abogado, en general, a aquellos profesionales jurídicos que han obtenido la formación académica y la posterior licencia correspondiente para ejercer la representación (junto al procurador), y defensa legal a individuos u otras entidades.

En PMS Abogados, contamos con amplia experiencia en todo tipo de procesos penales; siendo nuestro principal objetivo defender a nuestros clientes, logrando alcanzar las resoluciones más favorables para el mismo.

A pesar de que la función del abogado en relación con las diferentes ramas del derecho guarda similitudes, el papel del abogado varía ligeramente debido a las diferencias inherentes a los procesos específicos que cada ámbito jurídico implica.

En relación con el derecho penal, la labor del abogado penalista es sumamente importante desde el primer momento en el que se inicia un proceso legal, esto es, desde que se interpone la denuncia o querella, y el investigado recibe la correspondiente notificación de esta.

Se denomina abogado, en general, a aquellos profesionales jurídicos que han obtenido la formación académica y la posterior licencia correspondiente para ejercer la representación (junto al procurador), y defensa legal a individuos u otras entidades. En PMS Abogados, contamos con amplia experiencia en todo tipo de procesos penales; siendo nuestro principal objetivo defender a nuestros clientes, logrando alcanzar las resoluciones más favorables para el mismo. A pesar de que la función del abogado en relación con las diferentes ramas del derecho guarda similitudes, el papel del abogado varía ligeramente debido a las diferencias inherentes a los procesos específicos que cada ámbito jurídico implica. En relación con el derecho penal, la labor del abogado penalista es sumamente importante desde el primer momento en el que se inicia un proceso legal, esto es, desde que se interpone la denuncia o querella, y el investigado recibe la correspondiente notificación de esta. Concretamente, el proceso penal se divide en 2 fases; y en ambas el acompañamiento del abogado es preceptivo. La primera fase, denominada “de investigación”, o de sumario (en los procesos ordinarios), comprende la fase investigativa, y el papel del abogado es de vital importancia, pues es la persona encargada de trazar la estrategia de defensa del encausado. Su labor en esta fase inicial puede dividirse en 3 tareas principales: En primer lugar, es el encargado de informar a su cliente de todo lo concerniente al proceso. Esto implica guiar al cliente sobre sus derechos, las acciones a tomar durante interrogatorios policiales, y cómo manejar las citaciones o arrestos. Además, debe informar de las consecuencias de no asistir a los llamamientos judiciales. Además, el abogado tiene la responsabilidad de recopilar y examinar pruebas fundamentales para la defensa de su cliente. Este proceso abarca desde la presentación de documentos, la entrevista a testigos, la participación en la inspección ocular del juez, y, por supuesto, la realización de reuniones privadas con su cliente para determinar la estrategia testimonial ante el tribunal. En tercer lugar, en el caso de los delitos leves, o aquellos relacionados con menores (de 14 a 18 años), donde la prioridad es llegar a un acuerdo; el abogado penalista es el encargado de negociar con los fiscales para buscar soluciones alternativas, como acuerdos de culpabilidad reducida, o la aceptación de decreto. En lo que respecta a la etapa del juicio oral, es en este momento donde todo lo investigado se somete a la consideración del juez encargado de emitir el fallo definitivo. En este contexto, la función del abogado adquiere una importancia aún mayor, ya que todo lo investigado en la fase anterior adquiere eficacia probatoria. De esta forma, el abogado de la defensa debe, como principal responsabilidad, presentar y defender la versión del cliente ante el tribunal. Esto implica argumentar legalmente en contra de las acusaciones presentadas por la fiscalía. Para ello, valiéndose de sus medios de prueba, debe examinar a los testigos propios, y contra interrogar a los testigos presentados por la fiscalía, con el objetivo de cuestionar la credibilidad y consistencia de las declaraciones. Siguiendo la misma línea, su responsabilidad incluirá oponerse verbalmente, a través del protesto, en el instante en que sea consciente de una ilegalidad o de la violación de derechos de su cliente que pueda resultar en indefensión. Este procedimiento tiene como objetivo la posibilidad de interponer recursos de apelación contra cualquier acto, ya sea interlocutorio o definitivo, en etapas posteriores del proceso. De esta forma, otra de las principales tareas del abogado es la de presentar apelaciones, buscando revisar decisiones del tribunal, garantizando el respeto a los derechos constitucionales de su cliente. En conclusión, la asistencia de un letrado de calidad es la base para obtener un veredicto justo y apropiado. Además, cada ámbito legal presenta particularidades que demandan un enfoque adaptado, lo que hace que, si bien la esencia de la labor de un abogado permanece constante, la ejecución de sus responsabilidades difiere en relación con la naturaleza de cada procedimiento, siendo en el caso penalista de extrema importancia. Sea cual sea tu caso, si necesitas asesoramiento legal, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados en Murcia: PMS abogados. Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir, nuestro compromiso con el cliente es lo primero.

Se denomina residencia como concepto amplio al lugar donde una persona vive habitualmente.

Jurídicamente, sin embargo, “residencia” en el contexto de inmigración, se refiere al documento que autoriza a un extranjero a residir legalmente en un país.

Obtener un permiso de residencia en cualquier país de la Unión Europea conlleva diversas ventajas; no obstante, en algunos casos, el proceso puede volverse tedioso debido a los trámites requeridos y la falta de conocimiento general sobre los requisitos necesarios. Principio del formulario

La obtención del permiso de residencia en España puede darse a través de diversas vías; si bien el tipo de permiso dependerá principalmente de la duración y el propósito de la estancia, así se ofrecen 2 principales permisos:

• Visado de corta duración: para aquellos que tienen la intención de residir en España por menos de 90 días, sin intenciones laborales. También se le denomina “visado de turista” o “visado Schengen”.
• Permiso de residencia regular: en contraste con el caso anterior, este permiso se concede para estancias que superan los 3 meses y generalmente se enfocan a quienes pretenden emprender actividades laborales o incluso establecerse de manera permanente.

TIPOS DE VISADO Y REQUISITOS

Visado de corta duración o visado Schengen

Es importante señalar que este permiso tiene una validez de 90 días. Una vez transcurrido este plazo, si se desea seguir residiendo en España, el permiso debe ser modificado o prorrogado a través del procedimiento oficial, adjuntando la siguiente documentación:

• Pasaporte completo o documento de viaje.
• Acreditación de las razones argumentadas para la solicitud.
• Un seguro de asistencia en viaje con la misma cobertura requerida para la solicitud del visado de estancia de corta duración.
• Garantías de retorno al país de origen o, en su caso, evidencia de admisión en el Estado tercero de destino antes de la fecha de vencimiento de la prórroga solicitada.

Permiso de residencia regular

En este caso, la residencia puede clasificarse como temporal (más de 90 días, pero menos de 5 años), o de larga duración o permanente, la cual se obtiene mediante la residencia continuada por más de 5 años.

Además, existen varios tipos de permisos de residencia según la situación particular de cada solicitante; los principales son:Principio del formulario

a) Visado de estudiante

Este visado está destinado a aquellos interesados en estudiar o llevar a cabo actividades de investigación en España, como cursar una carrera universitaria o un doctorado.

Esta visa puede obtenerse a través de dos procedimientos: en el consulado español del país de origen (previo al viaje a España) o de forma individual en un plazo de 60 días desde la entrada al país como turista (modificando el visado de corta duración).

Los requisitos son:

1. Presentar un certificado de antecedentes penales.
2. Presentar un extracto bancario que demuestre la posesión de un mínimo de 10,000 euros.
3. Proporcionar la matrícula que confirme la participación en un curso de al menos 20 horas por semana durante un año.

Una vez concluidos los estudios, el beneficiario deberá abandonar el país.

b) Visado destinado a la creación de un negocio o empresa

Si la intención de trasladarse a España está vinculada a motivos empresariales, existen dos opciones disponibles:

1. Solicitar la visa de emprendedor, para lo cual se requerirá la aprobación previa del Ministerio de Economía y la UGE (Unidad de Grandes Empresas),
2. Gestionar en el país de origen un permiso de trabajo como autónomo (por cuenta propia).

c) Permiso de residencia con fines no lucrativos

Este visado solo puede solicitarse en el consulado español del país de origen, por lo que una vez iniciada la estancia en España debe contarse con el mismo.

Si la razón para el cambio de residencia no radica en motivos laborales, el visado apropiado es el de “residencia no lucrativa”. No obstante, en este caso, es necesario proporcionar una justificación que demuestre una elevada capacidad económica (28,800 euros en una cuenta bancaria).

Es importante destacar que este visado solo puede solicitarse en el consulado español del país de origen, por lo que es necesario contar con él antes de comenzar la estancia en España.

La autorización se concede únicamente por un período de 1 año desde la obtención del visado.

Finalmente, es relevante destacar la posibilidad de obtener el permiso de residencia a través del vínculo de parentesco con familiares Europeos.

En los procesos de solicitud de este permiso, la existencia de vínculos familiares es de gran utilidad. El familiar solicitante debe, en este caso, gestionar una “tarjeta comunitaria”, para lo cual solo necesita demostrar su relación de parentesco con una persona española.

En resumen, existe una amplia variedad de visados relacionados con la finalidad concreta de quienes desean establecerse a corto, o largo plazo en España. La elección entre ellos dependerá de las motivaciones que impulsan el cambio de país y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para reclamar un permiso de residencia, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería en Murcia: PMS abogados.

Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir.

Conseguir un permiso de trabajo puede ser de vital importancia si, tras establecerte en España —para lo que se necesita un permiso de residencia o visado tal y como explicamos en esta otra publicación—, deseas desarrollar una actividad profesional, sea esta empresarial, o no comercial.

Configurándose como una autorización legal que permite a personas extranjeras iniciar una relación laboral en España, todo extranjero que desee trabajar ha de hacerse con este permiso de trabajo, expedido por autorización del Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Es importante destacar que los ciudadanos de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo, no necesitan este permiso especial de trabajo para desempeñar sus funciones en España. Es decir, este permiso se reserva a extranjeros extracomunitarios.

REQUISITOS EN ESPAÑA

Para poder ser beneficiario de uno de estos permisos de trabajo en España debes:

1. Ser mayor de 16 (si se trabaja por cuenta ajena) o 18 años (si se trabaja por cuenta propia).
2. Poseer la autorización de residente español (visado)
3. Tener un trabajo de duración superior a 90 días.
4. No tener antecedentes penales durante 5 años.
5. No tener restringido el acceso al territorio español.
6. Adjuntar un certificado de salud que certifique que la persona no representa un riesgo para la salud pública del país.

Una vez cumplimentados estos requisitos, el interesado ha de presentar la documentación en la administración correspondiente. 

TIPOS DE PERMISO DE TRABAJO EN ESPAÑA

En nuestro país, un abogado para permiso de trabajo puede ayudarte a gestionar cualquiera de los ocho tipos de permisos de trabajo de duración determinada. La solicitud de estos permisos puede ser realizada tanto por el empleador como por el empleado. Los permisos se dividen principalmente en dos categorías según la actividad laboral del profesional:

1. Permisos para trabajo por cuenta ajena (Tipos A, B, C).
2. Permisos para trabajo por cuenta propia (Tipos D, E).

Además, un abogado para permiso de trabajo puede asesorarte en la obtención de permisos específicos, como el permiso F para trabajadores fronterizos, así como en los permisos adicionales: el permiso permanente y el extraordinario.  

PERMISO A

El permiso de trabajo se otorga a aquellos trabajadores asalariados que cubren puestos de trabajo de duración limitada. Su efectividad se limita al tiempo de duración del contrato de trabajo, no pudiendo nunca superar los 9 meses. Un abogado para permiso de trabajo puede ayudarte a gestionar y asegurar que cumplas con todos los requisitos necesarios para obtener este tipo de permiso temporal.

PERMISO B

El permiso B; es un permiso renovable de duración limitada, no superior a 12 meses. Además, solo permite trabajar en actividades laborales concretas.

El permiso B renovado, por otro lado, permite llevar a cabo varias profesiones en un plazo de 2 años.

PERMISO C

Este permiso, al igual que el A y el B, se destina a trabajadores por cuenta ajena, pero la duración es mayor. Permite desarrollar la actividad laboral durante 3 años como máximo, y solo puede habiendo sido obtenido primero el permiso B.

PERMISO D

Es el primero de los permisos concedidos para trabajar por cuenta propia, y habilita a su beneficiario a desarrollar una única profesión, en un único lugar, durante 1 año.

Al igual que el permiso B, puede renovarse, pudiendo, bajo este permiso renovado, llevarse a cabo más de una profesión, durante un máximo de tiempo de 2 años.

PERMISO E

El permiso E ofrece las mismas posibilidades que el D, pero sin límites geográficos. Además, el periodo de tiempo se extiende hasta los 3 años.

PERMISO F

Es aquel que se otorga a quienes ejecutan sus actividades en zonas fronterizas, durante un máximo de 5 años. Se denomina “área fronteriza” a las extensión territoriales que no es coincidente con la línea demarcatoria internacional ni con los límites político-administrativos.

PERMISO PERMANENTE

Es un permiso sin limitaciones temporales o geográficas, pudiendo realizarse cualquier tipo de actividad, siempre siguiendo los requisitos o acreditaciones que esta requiera.

PERMISO EXTRAORDINARIO

Con las mismas características que el “permiso permanente”, se concede a los extranjeros que contribuyan en el progreso cultural y económico de España. 

CONSECUENCIAS DE LA CONTRATACIÓN SIN PERMISO DE TRABAJO

Las sanciones previstas ante la falta de permiso de trabajo son multas administrativas. El expediente sancionador en estos casos se inicia por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, abarcando estas penalizaciones desde los 500 euros hasta los 100.000; dependiendo de si se trata de una infracción leve, grave o muy grave. Esto se detalla en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Debemos tener en cuenta que la obtención de este permiso no es automática desde el momento de su solicitud, sino que en la mayoría de casos esto podría demorarse entre 1 y 3 meses, por lo que es recomendable poner en marcha los trámites con suficiente anterioridad.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para solicitar un permiso de trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites laborales y extranjería en Murcia: PMS abogados.

Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir.

Porqué necesitas un abogado para reagrupación familiar

La reagrupación familiar es el derecho conferido a determinados ciudadanos extranjeros que residen en España para reunir a sus familiares en el país después de un año desde su llegada y establecimiento legal en el país, siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos.

Este derecho se engloba dentro de los permisos de residencia, pues concede una autorización dual de residencia y trabajo.

Regulada por la Ley 4/2000 de extranjería y por el Decreto Ley 557/2011, debemos diferenciar a los reagrupantes entre Extracomunitarios o Europeos, pues en este caso el proceso se rige por el real decreto 240/2017, que regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Familiares incluidos

Los familiares susceptibles de obtener el visado de reagrupación son:

• El cónyuge o la persona con la que el reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal
• Los hijos del extranjero residente y del cónyuge o pareja (hijos putativos), incluidos los adoptados (siempre que la adopción produzca efectos en España)
• Otros menores o incapaces extranjeros
• Los ascendientes del extranjero residente, de su cónyuge o pareja de hecho

Requisitos generales para la reagrupación familiar

Los principales requisitos a la hora de obtener este visado son:

1. La nacionalidad, solo pueden acogerse a este permiso los ciudadanos no Europeos. Los nacionales europeos deberán solicitar el visado como familiar comunitario.
2. Demostración del vínculo de parentesco.
3. Periodo mínimo de residencia en España. Generalmente, se requiere un periodo de un año, si bien en el caso de la agrupación de ascendentes, este periodo asciende a 5 años.
4. Medios económicos. Para poder traer a familiares debe justificarse el poder adquisitivo del reagrupante, pues este se configura como el encargado de mantener a los reagrupados, quienes también han de probar a su vez que no podrían vivir sin la ayuda de este.
5. Vivienda adecuada. Esto es, el lugar donde los miembros de la familia, una vez reunidos, establecerán su residencia. La vivienda debe cumplir con las condiciones necesarias para que tanto ambos miembros como cualquier otra persona que resida en ese hogar puedan vivir de manera digna, con garantías mínimas aseguradas.

Requisitos específicos

Los requisitos previamente mencionados, varían dependiendo del tipo de solicitud; es decir, de quién se quiere reagrupar.

A. Cónyuge, o pareja de análoga relación afectiva

1. Demostrar la relación conyugal con el certificado de matrimonio.
2. En el caso de haber tenido múltiples matrimonios, se debe probar el último mediante el certificado conjunto, probando la convivencia conjunta mediante un contrato de alquiler, o la pensión de la cual es beneficiaria el cónyuge actual y su descendencia.
3. Además, se requerirá una declaración jurada de que no convives con otro cónyuge o pareja.

B. Hijos

Si las personas que desean obtener la reagrupación dependen de una relación filiar (descendientes), es importante destacar que los niños han de ser menores de 18 años de edad.

También entran dentro de esta categoría aquellos pupilos mayores de 18 años que tengan discapacidades y no pueden satisfacer sus propias necesidades.

Para ello solo será necesario presentar el certificado de nacimiento como documento probatorio, o, en caso de tratarse de un hijo adoptivo, pruebas de dicha adopción.

Si eres madre o padre soltero, deberás demostrar que ejerces la autoridad parental única y que se te ha otorgado la custodia. Si no es así, debes demostrar que el otro progenitor autoriza que su hijo se traslade a España.

C. Padres

En el caso de desear traer a los padres, los requisitos son más extensos que en el resto de reagrupaciones. Concretamente, se deben completar 4 requisitos:

1. En primer lugar, el solicitante ha de demostrar que son tus padres mediante un certificado de nacimiento
2. El solicitante de la reagrupación debe disponer de una tarjeta de larga duración. Tal y como hemos explicado en anteriores publicaciones, esto significa que el interesado debe haber estado viviendo en España durante al menos 5 años, en lugar de la regla habitual de reunificación de un año.
3. El ascendiente de primer grado (el padre o madre, tanto directo como político) debe tener más de 65 años. En el caso del familiar de tu cónyuge, se debe justificar la relación de pareja (por ejemplo, presentando un certificado de matrimonio)
4. Además, se debe demostrar que la persona que deseas traer a España va a estar a cargo del interesado; esto es, que depende económicamente de ti. A estos efectos, se debe mostrar que, durante el último año, el solicitante ha transferido fondos destinados sus gastos por al menos el 51% del producto interior bruto per cápita anual del país de residencia del beneficiario.

Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para solicitar la reagrupación de tus familiares, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de extranjería en Murcia: PMS abogados.

Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir.