Concepto y distinción entre sanción administrativa y delito de alcoholemia
Cuando en un control de alcoholemia policial la prueba realizada arroja un resultado positivo caben dos posibilidades:
- que debamos enfrentarnos a una sanción administrativa si no hay complicaciones adicionales o situaciones de desvalor añadidas, o, por el contrario,
- que debamos hacer frente a un proceso legal por delito de alcoholemia, siendo esta última una situación considerablemente más grave.
Con el fin de distinguir entre ambas consecuencias, la legislación fija ciertos límites en los niveles de alcohol en el aire o en la sangre. Dependiendo de si estos límites se exceden o no en la situación específica, se determinará si estamos ante un delito o no.
En líneas generales, estos límites se sitúan en 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 gramos por litro en aire espirado. No obstante, estos límites se reducen a 0,3 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro en aire espirado para conductores noveles o profesionales.
En este caso, y si se probase la reincidencia del conductor en delitos de alcoholemia durante el año anterior, (o si se hubiera superado el doble de la tasa establecida), estos valores resultarán en multas que oscilarán entre 500 y 1000 euros, acompañadas de la pérdida de 4 a 6 puntos del carnet.
Sin embargo, la situación se endurece cuando se sobrepasan gravemente estos umbrales. En ese caso, nos enfrentamos a un proceso legal por “delito por alcoholemia”, definido en el artículo 379.2 del Código Penal.
Este delito se entiende realizado cuando se conduce con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
Las consecuencias legales de este delito incluyen una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses, o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de treinta y uno a noventa días.
Cuando se enfrenta a la necesidad de llevar un caso a juicio, es preceptivo contar con la asesoría de un abogado, siendo altamente recomendable que este posea especialización en procedimientos relacionados con alcoholemia.
Además, en todos los casos, implica la pérdida del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período superior a uno, que puede extenderse hasta cuatro años.
Proceso legal
Los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) detallan los delitos y las condiciones que deben cumplirse para que un acto punible sea procesado mediante esta vía especial. Esto incluye delitos que conllevan penas privativas de libertad de hasta cinco años o sanciones que no exceden los diez años. Este proceso penal especial se inicia mediante un atestado policial y se resuelve de manera ágil y sencilla.
En situaciones más graves, en las cuales la conducción temeraria cause mayores percances, el caso se llevaría a cabo a través del procedimiento judicial ordinario.
Papel del Abogado
El proceso de juicio rápido se compone de dos fases distintas: la primera, denominada “fase de instrucción”, y la segunda, que abarca el propio juicio oral. Antes de poner en marcha la fase de instrucción, es imperativo realizar diligencias previas, las cuales incluyen la notificación al denunciado, o la citación de los involucrados.
En este tipo de delitos, tanto la primera fase como las diligencias previas —antesala del juicio oral—, cobran vital importancia, pues, los análisis médicos y toxicológicos por parte de expertos en la materia han de ser solicitados aquí, y las pruebas de alcoholemia realizadas con anterioridad (en el control policial, generalmente) deber ser presentadas ante el juez.
Así, el abogado de alcoholemia debe asesorar al acusado sobre sus derechos legales y proporcionarle información sobre el proceso judicial, explicándole las posibles consecuencias legales y las opciones disponibles para la defensa.
Examinar todas las pruebas presentadas por la fiscalía, incluidos los resultados de las pruebas de alcoholemia, para identificar posibles errores o inconsistencias.
En el caso de encontrar irregularidades que cuestionen la admisibilidad de las pruebas; está legitimado para impugnar la validez de estas.
Evaluar la legalidad de la detención (si se hubiera llevado a cabo), y la recopilación de pruebas por parte de las autoridades.
De igual forma, es el encargado de preparar la defensa; desarrollando estrategias basadas en la revisión de pruebas y en las circunstancias específicas del caso, e identificando posibles testigos y preparando interrogatorios.
Además, junto al procurador (representante del acusado); el abogado especializado en trámites de alcoholemia, negocia posibles acuerdos con la fiscalía, como reducciones de cargos o penas, en función de las circunstancias del caso y la disposición del acusado a cooperar.
Finalmente, en la fase de juicio oral, es el máximo encargado de defender al acusado en sus derechos y pretensiones; presentando argumentos legales sólidos y cuestionando la evidencia presentada por la fiscalía ante el juez que conduzca el caso.
Como podemos ver, el papel del abogado en un juicio por delito de alcoholemia es fundamental para asegurar que se respeten los derechos del acusado y para presentar una defensa efectiva.
Si te has quedado con dudas y necesitas asesoramiento para asistir a un juicio por delito de alcoholemia o conducción bajo los efectos del alcohol, no dudes en ponerte en contacto con nuestro despacho de abogados especializado en trámites de alcoholemia en Murcia: PMS abogados.
Estamos aquí para ayudarte con cualquier consulta que te pueda surgir.
