En España, el sistema judicial se organiza en una jerarquía normativa donde las normas se sitúan en diferentes niveles de importancia. En la cúspide se encuentra la Constitución Española de 1978, seguida de los tratados internacionales ratificados por España, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos y otras disposiciones de menor rango. Esta estructura garantiza la seguridad jurídica y el respeto al estado de derecho en nuestro país.

Así, en el ámbito de la extranjería, la Constitución como Carta Magna garantiza los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la protección judicial efectiva.

A continuación te citamos las leyes que regulan la situación de extranjería en España para que tengas una idea más pormenorizada a nivel legal.

LEGISLACIÓN NACIONAL

A nivel nacional, las leyes y normativas específicas regulan la situación de los extranjeros que residen en España y los procedimientos para regular su situación administrativa.

La principal Ley relativa a los extranjeros, es la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta ley, como su título indica, tiene como objetivo garantizar los derechos y libertades de los extranjeros, así como promover su integración en la sociedad española.

Además, el desarrollo de esta lo encontramos en el Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Este reglamento establece las disposiciones concretas para la aplicación de esta ley, detallando los procedimientos administrativos y los derechos y obligaciones de los extranjeros.

Otra normativa relevante en el ámbito de la extranjería es la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta ley complementó y reformó la Ley Orgánica previamente mencionada, ampliando los derechos de los extranjeros y estableciendo medidas para su integración social. Entre las modificaciones importantes; amplió los supuestos de expulsión, y creó un nuevo régimen de autorizaciones de residencia de larga duración.

Por último, es relevante mencionar la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta ley tiene como objetivo facilitar la entrada y residencia en España de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que realicen actividades de interés económico, social, científico o tecnológico.

NORMATIVA EXTRATERRITORIAL

Además de la normativa nacional, España también debe cumplir con las normativas y directivas comunitarias en materia de extranjería establecidas por la Unión Europea. La Directiva 2004/38/CE, conocida como la Directiva de Ciudadanos de la Unión, es uno de los textos clave en este ámbito.

Esta directiva tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares en el territorio de la Unión, así como los procedimientos para obtener la residencia permanente y la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Otra normativa relevante a nivel europeo es el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). Este reglamento regula el cruce de personas por las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y establece los controles de entrada y salida del territorio Schengen. El territorio Schengen abarca todos los países de la UE, excepto Chipre e Irlanda, e incluye Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Por otro lado, en el contexto de la crisis de refugiados y migrantes, España también está sujeta a normativas internacionales, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que establecen los derechos y obligaciones de los Estados en materia de protección internacional de refugiados.

En conclusión, el marco jurídico de la extranjería en España es amplio y complejo, abarcando desde la Constitución y las leyes nacionales hasta las normativas europeas e internacionales. El objetivo de esta legislación es garantizar los derechos y libertades de los extranjeros que residen en España, promoviendo su integración social, así como regular los procedimientos administrativos relacionados con la entrada, residencia y permanencia en el país.

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